¿Qué mejoras se pueden hacer a la Ley de Semillas?

Días atrás se anunció desde el Instituto Nacional de Semillas (Inase) que se definieron una serie de modificaciones destinadas a mejorar la dinámica operativa y administrativa de la Comisión Nacional de Semillas (Conase). Pero a la par de esto, surge un reclamo de los empresarios y productores para que se avance en una reestructuración de la legislativa actual que hay en Argentina respecto a las semillas.

Respecto a las reformas de la Conase, en primer lugar, se estableció que los Comités Técnicos Asesores de la CONASE serán convocados únicamente cuando existan temáticas específicas que requieran de su asesoramiento técnico, a fin de optimizar los recursos y concentrar su participación en cuestiones sustantivas.

Por otro lado, se resolvió que no se someterán al tratamiento de la Comisión aquellos casos relacionados con la ley de Semillas que impliquen sanciones menores siempre y cuando el monto no supere los cinco millones de pesos. Asimismo, los proyectos mencionados serán tratados de manera anónima, sin revelarse la identidad de las personas o entidades involucradas durante el análisis. Una vez finalizada su evaluación y adoptada la decisión correspondiente, esta será comunicada oficialmente a la Comisión.

Nueva ley

Si bien no está pensado su tratamiento en la agenda del Congreso para este 2025, productores y empresarios piden que se hagan modificaciones a la normativa vigente. Sostienen, por ejemplo, que el marco regulatorio debe mejorar, al tiempo que denuncian un estancamiento de más de tres décadas en inversión de soja respecto de la propiedad intelectual sobre variedades autógamas, sin el mejoramiento genético para conseguir una variedad sea más tolerante a los eventos adversos del clima y así poder expandir la frontera agrícola. 

En esta línea, se valorizan las acciones para desburocratizar el Inase y así poder ganar agilidad, pero se insiste en que en propiedad intelectual Argentina tiene una materia pendiente por una ley considerada anticuada. Las regulaciones y la presión fiscal es apuntada como causante de que haya habido una menor introducción tecnológica de la que deberían haber dispuesto los productores, por lo que reducciones impositivas podrían incentivar a la inversión.

Se trata de una ley sancionada en 1973, claramente en otra época, que no contemplaba los desarrollos tecnológicos de los que disponen hoy los productores. No obstante, las entidades ruralistas coinciden que no se trata solamente de una adaptación genética de la semillas, sino que es una convivencia con los procesos productivos tradicionales y desarrollos sustentables. La normativa vigente contempla, entre sus puntos principales la protección de la propiedad intelectual, con la protección de creadores de nuevas variedades vegetales y les otorga el derecho a explotarlas en exclusiva; el uso propio, teniendo los agricultores  la libertad de guardar, usar y intercambiar las semillas de su propia cosecha sin pagar un canon adicional; y la regulación de producción y comercialización de semillas, estableciendo registros obligatorios para garantizar la calidad y la identidad de las semillas.